LEGISLACIÓN DE AUSTRALIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE PRODUCTOS DEL TABACO, ¿CUMPLE
CON LA NORMATIVA DE LA OMC?
Monica Chaguan C.I. 22.854.799
En la búsqueda de la estabilidad de la
economía mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha desempeñado funciones
desde hace muchos años, incorporando en su agenda todos los temas pertinentes
que han ido surgiendo en el tiempo. En ese propósito de actualización, se
establecieron normas de propiedad intelectual durante la Ronda de Uruguay, como
un punto que no se había considerado antes y reviste gran importancia en el
valor de los productos por concepto de invención y diseño, de ahí la necesidad
de proteger los merecidos derechos en esa materia. Si bien existe la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), será la OMC la
encargada de establecer las normas comerciales internacionales para ese ámbito
y facilitar las herramientas para solventar las diferencias que pudieran surgir
de su aplicación. En ese campo se presenta a continuación un caso sobre
diferencias con la legislación de Australia en materia de propiedad
intelectual.
El 3 de mayo de 2013, Cuba solicitó
realizar consultas con Australia ante el Órgano de Solución de Diferencias de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), en vista de algunas leyes y
reglamentos de dicho país referidos al empaquetado genérico y marcas de fábrica
o comercio de productos del tabaco, los cuales constituyen restricciones para
la comercialización de los mencionados productos, pues según los alegatos del
reclamante van en contra de lo estipulado en algunos acuerdos de la
Organización.
En noviembre de 2011 el Parlamento de
Australia aprobó la Ley de empaquetado sencillo del Tabaco con su respectivo
reglamento, entrando en vigencia en el 2012, mediante la cual se establece que
el empaquetado de los productos de tabaco deben ser de color verde oliva, con
un tipo de letra corriente y contentivos de imágenes que hagan alusión a las
enfermedades que podrían originarse por el consumo de estos productos; todo
ello justificado por el fin de velar por la salud pública, de forma que
haciendo menos atractivos los empaques y concientizando sobre lo dañino que
resulta el tabaco, se desestimule el consumo del mismo.
Tal medida sanitaria creó gran descontento
en las empresas tabacaleras y los países que las representan, pues además de la
primera solicitud mencionada, otros países también presentaron con anterioridad
reclamaciones ante la OMC por este caso, como lo son Ucrania, Honduras y
República Dominicana. Dichos reclamantes consideraron que con la legislación
australiana se estaban incumpliendo varios acuerdos en el marco de esta
institución, como lo son: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT de 1994), el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el
Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio).
Se alude que con la ley en cuestión y sus
reglamentos, se restringe la propiedad intelectual ya que el empaquetado
genérico atenta contra la marca, en cuanto las industrias tabacaleras no podrían
distinguirse en el mercado australiano, limitando sobretodo sus productos de
mayor calidad, lo que afecta sin duda alguna a las marcas de fábrica y comercio
y las indicaciones geográficas; es así como además de afectar el producto,
también se pone en riesgo la estabilidad de la gran cantidad de trabajadores
que se dedican a la producción y manufactura del tabaco. Esto se aleja de lo
establecido en el párrafo 4 del artículo IX del GATT de 1994, el cual hace
referencia a las marcas de origen, indicando que la legislación de las partes
no debe perjudicar los productos de forma sustancial, ni reducir ni aumentar su
costo en una medida considerable.
Por otro lado, también se alega
incompatibilidad con lo estipulado en el artículo 2 del Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio, el cual abarca las regulaciones respecto a la
elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones
del gobierno central; estableciendo que hay que velar porque los productos
importados reciban un tratamiento no menos favorable que el que reciben los demás
en el territorio nacional, cosa que no están garantizando los reglamentos
técnicos del litigio. El segundo párrafo del mismo artículo señala que:
Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen
reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos
innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos
técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un
objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no
alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre otros: los
imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que
puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de
la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. Al evaluar
esos riesgos, los elementos que es pertinente tomar en consideración son, entre
otros: la información disponible científica y técnica, la tecnología de
elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos.
Si bien las advertencias sanitarias
gráficas exigidas por Australia constituyen una medida en pro de beneficiar la
salud de su población, la cual está permitida dentro del marco de los acuerdos
de la OMC, todos los demás requisitos con el empaquetado sencillo se vuelven
una regulación exagerada que implican restricciones al comercio de los
productos del tabaco, pues está afectando directamente el uso de las marcas
existentes en el mercado internacional. Los objetivos sanitarios de la nación
oceánica están imponiendo limitaciones que complican el comercio; al imponer a) el uso
de una forma especial, por ejemplo, el tipo y tamaño de letra y ubicación del
nombre de marca, y b) el uso de una manera que menoscaba la capacidad de la
marca para distinguir los productos de tabaco de una empresa de los de otras,
se contraria lo estipulado en el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, el
cual reza:
No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de
comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como
por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma
especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa
disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la
empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no
vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en
cuestión de esa empresa.
En cuanto a las indicaciones geográficas,
el demandante invoca el párrafo 2b del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC,
debido a que Australia no proporciona protección
eficaz contra actos de competencia desleal con respecto a las indicaciones
geográficas, por ejemplo, al crear confusión entre los consumidores en relación
con el origen de los productos. Asimismo se sustenta la
reclamación con base en el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 4 del artículo
15, el párrafo 1 del artículo 16 porque las medidas impiden que los
titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas gocen de los derechos
conferidos por una marca de fábrica o de comercio, y el párrafo 3 del artículo 24, todos del
Acuerdo sobre los ADPIC, motivado este último a que Australia está reduciendo
el nivel de protección que concede a las indicaciones geográficas en relación
con el nivel de protección que existía antes del 1º de enero de 1995.
Esta disputa fue tratada en el Tribunal
Superior de Canberra (Australia), al cual acudieron las empresas tabacaleras
más importantes preocupadas por las pérdidas millonarias que sufrirían,
alegando que se violan sus derechos de propiedad intelectual al prohibirles
usar sus logotipos, lo que impide a los consumidores distinguir los productos
de diferentes compañías. Según el fallo de dicha instancia, el país no irrespeta
su constitución ni infringe los derechos de propiedad intelectual, pues es una
medida corriente que no produce la adquisición de propiedad; además que el
derecho de propiedad intelectual no sólo prevé la defensa del ente privado, en
este caso para distinguir la marca de una empresa de otra, sino que también se
emplea para perseguir fines de política pública (Rimmer,
2013).
No obstante, se presenta otra variable que
atenta contra el principio bajo el cual se excusa el demandado que es velar por
la salud pública, y es que como estableció en el marco de esta disputa Sonia
Steward, representante de Imperial Tobacco, con un empaquetado homogéneo se
facilita la labor de los contrabandistas para falsificar estos productos, pues
con esas características se puede fácilmente disminuir costos, lo que
incrementa el riesgo que corre la población. El precedente que sienta la
sentencia del Tribunal australiano puede inducir a otros países a aplicar las
mismas reglamentaciones bajo su jurisdicción, lo cual incrementa la
preocupación de los que resultan más perjudicados con la legislación.
Así pues, los países mencionados con
anterioridad mantienen su postura frente a las medidas adoptadas por Australia
y bajo su derecho de acudir a instancias internacionales, se encuentran en un
proceso de solución de diferencias en el seno de la Organización Mundial del
Comercio, que ya pasó la etapa de celebración de consultas y en vista de no
consolidarse un acuerdo se prosiguió con la instauración de un grupo especial,
cuyo status actual es establecido pero aún no constituido. El mismo fue solicitado
inicialmente por Ucrania, país que declaró que “considera que los gobiernos deben perseguir políticas sanitarias
legítimas utilizando medidas eficaces, sin restringir innecesariamente el comercio
internacional y sin anular derechos de propiedad intelectual garantizados por
las normas internacionales sobre comercio e inversiones” (Organización Mundial del Comercio, 2012).
La solicitud de Ucrania fue respaldada por
Zimbabue, Honduras, Nicaragua, República Dominicana e Indonesia, manifestando
dentro de los alegatos de los primeros tres la cantidad considerable de
familias que subsisten en su territorio por este producto y que constituye uno
de los principales productos de exportación por lo menos en el caso de
Nicaragua; además se recordó que el Convenio Marco de la OMS (por el que se
excusa Australia) tiene carácter indicativo y no es vinculante. Por su parte,
Australia declaró que la medida no es discriminatoria y que no está limitando
el comercio sobre lo requerido para lograr su objetivo legítimo (protección de
la salud pública). Hay otros miembros que apoyan a este país, como Uruguay,
Nueva Zelanda y Noruega, en respuesta a la gran cantidad de personas que padecen
afecciones por tabaco en el mundo, pues resulta preocupante las cifras al
respecto, evidenciando que es un producto bastante dañino.
Hasta la fecha de la presente
investigación las quejas siguen vivas en el Órgano de Solución de Diferencias
de la OMC. El panorama refleja que mientras se espera la determinación de si
las medidas de empaquetado genérico de los productos del tabaco establecidas
por Australia efectivamente son
compatibles o no con las normas y obligaciones comerciales establecidas en la
organización, la industria tabacalera de varios países se ve socavada incluso
ante las intenciones de otras naciones de implementar medidas similares, lo
cual restringe las oportunidades de distinguirse y obtener grandes beneficios
en una mayor porción del mercado mundial.
Según la percepción del autor, este es un
caso donde se evidencia una manipulación de la legislación de la organización
internacional para tratar de colocar trabas al comercio. Si bien es importante
tomar las medidas de seguridad requeridas para garantizar el bienestar de los
nacionales, apegándose en este caso al Convenio marco de la Organización
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, no es menos cierto que más allá
de ser una medida “sensata”, otra parte constituye un exceso o abuso en el
manejo de las figuras pertinentes para distorsionar la dinámica mundial. De
igual forma, esto contraria algunos principios generales de la OMC, pues
evidencia discriminaciones en el trato hacia los productos referidos, lo cual
va en contra del Trato Nacional; en ese mismo sentido no se aprecia el fomento
de una competencia leal, característica fundamental en el sistema de comercio.
Hechas las consideraciones anteriores,
resulta oportuno destacar la resaltante labor que cumple la OMC para mantener
en armonía las relaciones comerciales entre los diversos países. Sabiendo que
se encarga de administrar los acuerdos comerciales que se deriven de la gama de
temas implicados en el comercio, es imperante que agilice todos los
procedimientos que conlleven a esclarecer las situaciones propensas a originar
el establecimiento de obstáculos para el flujo de los intercambios comerciales,
pues como parte de la visión de la organización debe imperar su tarea de velar
por mantener las condiciones mas justas para todos, evitando que algunos
miembros se aprovechen de las herramientas del sistema jurídico para tomar
acciones que constituyan impedimentos al sano desarrollo del comercio
internacional y demuestre con ello lo efectivo y acertado que resulta su
existencia como institución multilateral.
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